Madrid
Un vacío legal permite seguir operando cuatro meses después a la petrolera que protagonizó la mayor operación del fraude del gasóleo en España en la llamada 'Operación Drake'. El sector petrolero sigue con preocupación los hallazgos de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en esta materia, ya que en los últimos años han sido capaces de detectar una bolsa de fraude de cerca de 500 millones de euros, lo que supone miles de millones en ventas de hidrocarburos.
El grupo Hafesa, una de las compañías implicadas, sigue manteniendo vigente su licencia para operar en España, tal y como se atestigua en el listado de operadores que la CNMC actualizó en agosto, pero este organismo no tiene capacidad para poder tomar medidas.
Al mantener operativa la CNMC a esta compañía dentro de su listado de operadores al por mayor, las compañías de almacenamiento de carburante tienen que seguir dándole los servicios, un extremo que supone que se mantienen los riesgos de que este tipo de fraude se siga produciendo al tiempo que se perjudica al resto de operadores petrolíferos.
Ribera no puede actuar
El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, explica que no puede hacer nada más que mantener su vigilancia ya que no tiene capacidad para retirar la licencia a la compañía por un presunto fraude fiscal a no ser que el Juzgado se pronuncie o adopte medidas cautelares, aunque reconoce que se mantiene vigilante.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon el pasado 4 de abril dos presuntas organizaciones criminales que comercializaban de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se desarrolló en Castellón, Valencia, Lérida, Gerona y Madrid.
La manera de proceder consistía, básicamente, en la interposición de empresas instrumentales y testaferros, controlados por los responsables de los mismos, a través de los cuales defraudaban el IVA; concretamente, esta operación se desveló un fraude estimado de más de 150 millones de euros.
Estas entidades instrumentales se apropiaban de las cuotas de IVA repercutidas a sus clientes en la comercialización de gasolinas y gasóleos, principalmente mediante la utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal.
Entre los mecanismos utilizados cabe destacar la utilización de facturación falsa para reducir las cuotas a ingresar, la declaración de un volumen de ventas inferior al real y la presentación de declaraciones sin ingreso. El fraude se completaba con el vaciamiento patrimonial de las entidades que debían pagar el impuesto.
Esta operativa, además de generar un fraude millonario, desvirtúa el sector, expulsando a los operadores legítimos que no pueden competir con los precios dispuestos por las sociedades que eluden pagar los correspondientes impuestos. A su vez, estas sociedades actúan de manera concertada siguiendo indicaciones de la dirección criminal, extendiendo su acción delictiva y acaparando una mayor cuota de mercado, tal y como explicaba en su día la Agencia Tributaria.
Riesgo para la competencia
Esta forma de actuar permite asegurar la venta de todo el producto que se puede adquirir en el mercado nacional e internacional, facturando miles de millones de euros en un solo año, dado que el posicionamiento en el mercado estaba consolidado, precisamente, por la capacidad de mejorar los precios frente a la competencia.
A su vez, se generaban elevados beneficios que eran presuntamente blanqueados por las propias organizaciones criminales a través de estructuras societarias utilizadas para este fin, invirtiéndolos finalmente en inmuebles o posicionándolos en terceros países. Dicha operativa ha sido objeto de esta investigación, con el fin de identificar todos los bienes procedentes de la actividad fraudulenta, y de este modo cercar a estas dos organizaciones criminales, imposibilitando su reproducción.
Se incautaron 61 vehículos de alta gama, 2 barcos y 2 millones de litros de carburante
Además de los más de 150 millones de euros de fraude detectado, en esta operación fueron detenidas 21 personas, para lo que se investigaron 292 sociedades y 150 personas físicas, analizando 1.085 cuentas bancarias y procediendo al registro de 22 domicilios. También se han incautaron 61 vehículos de alta gama, dos barcos y dos millones de litros de producto, y se ha tramitado el bloqueo de 347 cuentas bancarias y 155 inmuebles.
La investigación fue desarrollada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Madrid y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
